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85 NEWSLETTER AIPS

Nº 85 - Febrero 2017
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REGULACIÓN DEL CAMBIO DE POSICIÓN MEDIADORA (I)

Algunas noticias de 2016 cuantificaron el volumen de cambios de posición mediadora en el 2% del total de las pólizas en vigor. Estamos hablando de más de 1millón y medio de pólizas cada año. Es una cifra muy respetable.
Para muchas aseguradoras el tratamiento que se le da es el de un Suplemento sin generación de recibo: Un trámite administrativo fastidioso, que no representa ningún beneficio y que ha de hacerse gratuitamente.
Pero detrás de un cambio de posición mediadora hay la voluntad de una de las partes firmantes del Contrato de Seguro, está la voluntad manifiesta de un Tomador, algo mucho más importante que un mero trámite administrativo.

Ahora mismo se está fraguando la nueva Ley de Distribución y nos tememos que volvemos a caer en errores del pasado. En nuestra opinión vuelve a faltar la participación de los tomadores en la redacción de los primeros textos. Es la parte esencial del Contrato, todos dicen girar en torno a él, todos le defienden, todos le colocan en su centro, pero nadie cuenta con ellos cuando hay que decidir. Las aseguradoras presionan por lo suyo, los mediadores presionan por lo suyo, todos los actores presionan por lo suyo, pero los tomadores no tienen a nadie que hable en su nombre. Y así se van sucediendo leyes tras leyes, menoscabando paulatinamente sus derechos. Poco a poco, casi imperceptiblemente, pero van perdiendo posiciones. En nuestra opinión  esta labor de ser la voz de los tomadores la deberíamos realizar nosotros, los corredores, pero no siempre es así y a veces vamos en otra dirección. 

Algunos corredores se creen que son aseguradores, lo creen de verdad y actúan así, les entusiasma que les vean así. No les entusiasma especialmente verse como asesores de sus clientes, sino como aseguradores (Agencias de Suscripción). Y eso que la actual Ley de Mediación lo deja bien claro que un Corredor, no es un Asegurador, es más, la mencionada Ley indica que el Corredor debe ser independiente e imparcial a la hora de realizar todos los trabajos previos a la contratación de un Seguro, pero no indica lo mismo en cuanto se ha formalizado y mucho menos si se produce un siniestro. En ese caso el Corredor debe ponerse honestamente de parte del cliente y considerar al Asegurador como el contrario. En realidad el Asegurador debe ser un proveedor del Corredor.
Otros muchos corredores están obnubilados con intentar ser cada vez más grandes empresarios y fijar fuertes ligazones con las aseguradoras, ser sus brazos comerciales, estar a la última en tecnología, si puede ser ligada a la de las aseguradoras. Esto último no es negativo si se tiene muy presente que lo primero es el Cliente y la Profesión (por este orden), antes que la Empresa (que también es muy importante). Pero en muchos casos no es así.

La Ley de Contrato de Seguro establece los términos en los que se acuerda la confluencia de dos voluntades, la de los tomadores y la de los aseguradores. Para los aseguradores es un negocio, para el Tomador se trata de una herramienta obligatoria o vital, ligada a una de sus necesidades más básicas, la necesidad de seguridad. El mandato del Tomador, en el que se expresa su voluntad debe ser tenido muy en cuenta en el ámbito Asegurador, más allá de la solicitud de seguro y/o el nombramiento de beneficiario. Sin embargo nunca se ha tomado en consideración regular el MANDATO del Tomador, una vez ya está formalizado el seguro. El MANDATO realizado a un Corredor es la forma más eficiente y efectiva de que se respeten sus derechos en lo relativo a sus seguros. El Cliente no tiene por qué conocer el Sector Asegurador, por eso un Corredor mandatado es la mejor garantía de que se respeten esos derechos. Cada MANDATO será anulado total o parcialmente por otro mandato posterior. Con los mandatos, además de respetar los derechos de los tomadores, se resolvería el tema del Cambio de posición Mediadora. Bastaría con añadir tres líneas al final del art. 30 del pre-borrador de la nueva Ley de Distribución y del Art. 21 de la vigente Ley de Contrato de Seguro, que es notablemente contradictorio. (Ver final un poco más abajo) ......>>>>>


 


REGULACIÓN DEL CAMBIO DE POSICIÓN MEDIADORA (II)

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El reconocimiento del MANDATO del tomador solucionaría muchos de los problemas que hoy se suceden en el Sector, y equilibraría un poco la equidad de trato que hay entre aseguradores y tomadores.
Desde el año 1980 que se publicó la LCS, los aseguradores se han ido apropiando poco a poco de los huecos y recovecos que han ido apareciendo.

A mediados de los años 80 los aseguradores se inventaron los convenios (CIDE, ASCIDE, ...) porque les interesaba llevar un control sobre los siniestros de daños materiales sencillos en los automóviles. Fruto de esos convenios (que no leyes) se produjeron y aun se producen enormes presuntos fraudes, por ej.: en la indemnización de daños materiales, sobre todo cuando se trata de vehículos con la cobertura de "Daños Propios" con culpa del contrario. ¡Cuántos valores venales se han pagado por -Pérdida Total- y se siguen pagando...!!!
Los convenios se acompañaron del control de los peritajes. Peritajes de parte, barriendo para casa. Luego el control de los talleres de reparación y las piezas.... Con todo esto, sin que nadie interviniese ni plantease la menor objeción, a principios de los años 90 ya tenían controlado el tema de los daños materiales, pero faltaban los daños corporales. Existía un Baremo de indemnización que presentaba unas enormes deficiencias respecto a los sistemas de indemnización existentes en los países de nuestro entorno europeo. Un herido o un fallecido Español cobraba unas indemnizaciones 3 veces menores que un ciudadano europeo. Aun así las aseguradoras no estaban bastante satisfechas y articularon una estrategia para rebajar (se habló del 20%) el mencionado Baremo, cosa que ocurrió con bastante nocturnidad y alevosía a principios del presente Siglo (2003). Incluso lo intentaron utilizar para realizar valoraciones para las indemnizaciones en accidentes aeronáuticos, etc.. Recientemente han conseguido "consensuar" otro Baremo en donde se han ampliado un poco las indemnizaciones por causas graves (aunque aun estamos muy por debajo de las europeas), pero se han librado de aquellas que les molestaban, porque no podían establecer con mucho rigor científico si eran reales o no, como los latigazos cervicales, etc. El resumen es que después de casi 14 años, se espera que el nuevo Baremo represente un incremento de las indemnizaciones totales en un 15% respecto al rebajado de 2003.
La última gran conquista de los aseguradores (su último gran negocio) ha sido la inclusión en la Lossear del Art. 100 del tema del Fraude en los Seguros, en donde pueden decidir lo que es o no fraude, ser las principales, directas e inmediatas beneficiarias y, además, inscribir en un fichero de defraudadores a los que ellas consideren fraude. No nos consta que este Artículo 100 venga recogido en ninguna Directiva Europea ni en ninguna Ley de Ordenación anterior. ¿Por qué esa concesión gratuita, injusta e innecesaria?
El conjunto de todas esas presuntas apropiaciones, que a lo largo de los años han realizado las aseguradoras, se calcula en una cifra que ronda los 1.000 millones de euros anuales, por lo bajo, desde mediados de los años 80. Calculen la cifra total. Sin embargo solo se hacen estudios y concursos sobre el presunto fraude de los tomadores, no el de los aseguradores.

El reconocimiento del MANDATO del tomador y la regulación del cambio de posición mediadora es mucho más sencillo que lo que se ha querido manifestar por diferentes grupos de presión. Todas las problemáticas que se han expuesto para retrasar o impedir su regulación, lo son porque no se ha escuchado la voz del Tomador, porque no se le permite participar, porque no se respeta su MANDATO y con ello no se respetan sus derechos. Son excusas para que no se pueda regular y así seguir imponiendo sus intereses, su negocio.
Los grandes grupos de presión (especialmente la bancaseguros) se han apresurado a negociar "productos especiales" con las aseguradoras (que se prestan) para blindar sus intereses y que los tomadores no puedan ejercer su derecho al cambio de posición mediadora.
En la Ley de Contrato de Seguro se habla del Tomador, es decir del Consumidor, del Cliente y en ninguna parte habla que sean de diversas clases. No distingue la Ley si son tomadores rubios o morenos, altos o bajos, jóvenes o ancianos,... solo hay tomadores y por muchos productos especiales que pacten para tenerlos ligados permanentemente, debe prevalecer la libertad del tomador para elegir quién quiere que sea su asesor y eso es lo que se debe proteger mediante el reconocimiento legal del MANDATO.
La DGSFP no debe terner miedo a los cambios, ahora es un momento propicio. Esto lo podemos y debemos incluir en la futura Ley de Distribución junto con otras cosas (Por ej.: nuestro Decálogo), que harían de este Sector y Profesión una actividad con mejor imagen, más justa, racional y socialmente comprendida y respetada.


               


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